Página 12

Las fuerzas políticas y los gobiernos construyen sus lenguajes a partir del relato del que se sienten protagonistas. Recogen los elementos esenciales de los hechos, los ensartan en una sucesión y se muestran así a la sociedad. En esas palabras están sus propuestas, la forma de entender la política y la realidad. Un militante kirchnerista puede hacer una lista bastante importante de lo que considera que han sido las realizaciones del Gobierno en los últimos meses y la usará en su comunicación diaria. Se puede estar a favor o en contra, pero ése es un lenguaje. En cambio, un militante macrista elegirá su vocabulario para enunciar la forma en que el gobierno nacional le pone obstáculos para gobernar. Si el gobierno nacional mantiene su imagen con medidas como la nacionalización de YPF o la ley de identidad de género o la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el Gobierno de la Ciudad ha mantenido su presencia en la opinión pública a partir de su confrontación con el gobierno nacional.

Ni siquiera un militante del macrismo podría recordar una serie de acciones de gobierno realizadas por Mauricio Macri, porque la política elegida por esa fuerza política tomó otro eje que no está puesto en la acción de gobierno, sino en la necesidad de mostrarse como la opción al kirchnerismo. Pero se equivoca en una cosa. El kirchnerismo es hiperkinético, lo era con Néstor Kirchner y lo sigue siendo con Cristina y es una característica que se le impone a toda la pirámide de funcionarios. La idea de hacer la plancha no existe en el kirchnerismo. Es una impronta, casi como propuesta, que también se proyecta hacia la sociedad que visualiza una modalidad de gobierno. La equivocación del macrismo es que no genera actos de gobierno que tengan algún impacto y elige proyectarse hacia la sociedad solamente como algo que se contrapone, como un chico que se queja porque hay un grandote que lo empuja en la escuela. Y el mundo no es de los chicos, es de los adultos. Esa es la percepción que termina por formarse la sociedad, a través de dirigentes que actúan como si recién hubieran llegado a la política y como si no hubieran tenido la responsabilidad de gobernar. Por lo tanto, ellos actúan como si sólo bastara con poner cara de que saben y criticar al gobierno nacional. El contrasentido que ya es evidente para la sociedad en su conjunto es que ya no son recién llegados y Macri va por su segundo período en la Ciudad. La mayoría de los dirigentes del macrismo han tenido responsabilidades de gestión y ninguno habla de lo que hicieron, de las leyes que impulsaron, de las medidas que implementaron. En todo el discurso macrista no aparece nunca la gestión.

Si además, la no gestión es un tema que el mismo macrismo saca a relucir permanentemente en su guerra con la Casa Rosada, ellos mismos contribuyen a generar en la sociedad la idea de un gobierno que no hace nada aparte de pelearse con Cristina Kirchner. Se trata de una práctica que ya les está funcionando como un boomerang.

Esta reflexión se aplica rigurosamente al conflicto por los subterráneos, donde el gobierno nacional, la empresa concesionaria y los dos sindicatos involucrados le piden al gobierno porteño que se incorpore a las negociaciones salariales para solucionar el conflicto gremial que se aproxima a un nuevo paro, pero esta vez de 72 horas. Macri podría sostener esta confrontación con el gobierno nacional, si por otro lado estuviera en condiciones de manejar una contrapropuesta o tuviera por lo menos una lista respetable de logros y hechos de su gobierno. Pero no la tiene y finalmente su queja por los obstáculos que supuestamente le pone el gobierno nacional ya empieza a resonar en la calle solamente como una excusa para su inacción.

La conferencia de prensa que realizó Macri para explicar su oposición a la nacionalización de YPF tuvo al menos la virtud de darle un contenido más político a su propuesta. Pero recae en su falla principal, que es referenciarse solamente en su oposición a lo que hace otro, y en ese posicionamiento no hay acción de gobierno propia. Algo que diga por ejemplo: “Yo no estoy de acuerdo con nacionalizar, pero propongo algo parecido a lo que estoy haciendo en la ciudad”. Como no hay nada, se queda en ese enunciado sobre lo que hace el gobierno nacional y se posiciona en abstracto. Macri habla como si no llevara cinco años al frente del gobierno porteño, en una etapa en la que tuvo record de recaudación. Le tocaron los años de mayor crecimiento del país. No le faltó plata.

Macri ganó la primera elección presentándose como alguien que no provenía de la política, sino de la empresa, y que por lo tanto sería un buen administrador. Y además, como alguien nuevo. Ya no tiene nada de eso, para la sociedad es uno más entre todos los políticos, dejó de ser nuevo y no se lo ve como una página en blanco. Tiene cinco años de gestión. Es más político que empresario y, para “nuevo”, ya está gastado. Pese a eso, encara su diálogo con la sociedad como si recién hubiera llegado. Es un desencuentro importante con la realidad que le puede costar caro.

Macri salió a decir que la causa por espionaje telefónico era una operación del Gobierno, otra situación en la que le ponen palos en la rueda. Parte del periodismo opositor más militante retoma ese argumento. Hay una discusión entrecruzada sobre el armado de operaciones en la Justicia. El discurso mediático opositor se estructura alrededor de esa idea central que desplaza a lo político y lo ideológico. En este caso, La Nación asume un lugar intelectual más honesto porque no se esfuerza en ocultar el basamento ideológico conservador y más bien de derechas desde donde cuestiona las políticas oficiales. Pero hay un entrecruzamiento de acusaciones por supuestas operaciones judiciales de uno y otro lado que muestra el flanco más pobre de la política.

De todos modos, en la causa por espionaje telefónico ilegal en la que está involucrado Macri, los querellantes son un representante de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y un cuñado de Macri. Ya está comprobado que el delito existió y ya fueron condenados dos colaboradores del jefe de Gobierno. Se trata de dos colaboradores cercanos, que acompañan a Macri, incluso desde la época en que estaba en Boca, antes de llegar al gobierno porteño. Con esos antecedentes, cualquier cosa que alegara Macri resultaría poco creíble, pero decir que los presos, los querellantes, y las conversaciones grabadas constituyen una operación en su contra, es tan poco creíble que pone bajo la duda a todas las situaciones en las que Macri le echa la culpa al gobierno nacional.

El espionaje pareciera ser una práctica habitual entre un sector de los grandes empresarios. Además de Macri, en los allanamientos realizados a dueños y gerentes del ingenio Ledesma surgieron pruebas de que Carlos Pedro Blaquier, la cabeza de esa empresa, había pagado a una empresa norteamericana para que realizara tareas de espionaje sobre los participantes a las marchas por la Noche de los Apagones, en el pueblo de Libertador General San Martín, Jujuy, donde está el ingenio.

En ambos casos se trasluce una idea de superioridad, de que una persona con poder está por encima de las demás y que les corresponde, casi como una fatalidad, un lugar de privilegio con respecto a la ley. Ellos pueden hacer en la oscuridad lo que les está prohibido a los mortales comunes.

Los dos querellantes que denuncian haber sido espiados telefónicamente por la banda de funcionarios macristas, Sergio Burstein y Daniel Leonardo, eran personas que molestaban a Macri. La artillería principal del discurso macrista impacta en el juez Norberto Oyarbide, pero este magistrado no actuó solo, porque la Cámara Federal aprobó todas sus actuaciones.

Más allá de que la Justicia tiene que avanzar en todas las causas que tenga a su cargo, las que perjudican tanto a unos como a otros, siempre es mejor que a la política se le gane con política. No es bueno que la política asuma el lenguaje de comisaría al que a veces está tan obligada. Si Macri tiene una responsabilidad en las escuchas ilegales deberá asumir el castigo que le corresponda. Pero lo mejor para la política sería que no fuera así y que, en todo caso, fuera la política la que decida su destino.

Página 12

Los gremios del subte anunciaron que van parar por tres días, el martes, miércoles y jueves de la semana próxima. Si bien la empresa Metrovías y los sindicatos estuvieron a un paso de firmar un acuerdo, todo quedó trabado a raíz de que el Gobierno de la Ciudad se negó a concurrir a la mesa de negociaciones paritarias, rechazando la convocatoria del Ministerio de Trabajo. “Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con los subtes”, fue el argumento que volvió a esgrimir para el faltazo desde la administración porteña el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. El gobierno nacional responsabilizó al macrismo por el agravamiento del conflicto, y también Metrovías cargó contra Macri: la empresa del Grupo Roggio aseguró que tiene “una propuesta concreta para hacer a los trabajadores”, pero si las autoridades de la Ciudad siguen negándose a concurrir, el conflicto no logrará destrabarse.

Así las cosas, el macrista Juan Pablo Piccardo, titular de la empresa estatal de subtes Sbase (Subterráneos de Buenos Aires), quedó en riesgo de que lo vuelvan a mandar a buscar con la policía. Sucede que el Ministerio de Trabajo llamó a una nueva audiencia para esta tarde, y en la convocatoria puso específicamente que la Sbase debe concurrir.

La semana pasada, en una situación similar, una delegación de la Federal llegó a buscar a Piccardo, que finalmente decidió presentarse en el ministerio por sus propios medios.

Los sindicatos del subte cumplieron ayer un paro de 36 horas. En este marco, durante la jornada, Trabajo hizo dos intentos –uno a la mañana y otro por la tarde– de armar una mesa de negociación con los representantes de los trabajadores, Metrovías y la Ciudad. Sin embargo, en ninguno de los casos las partes llegaron a entrar en las oficinas de la cartera que conduce Carlos Tomada.

Fuentes de los gremios y del Grupo Roggio, que controla Metrovías, aseguran sin embargo que las posiciones ya están muy cerca de un acuerdo sobre el aumento salarial de 2012. El propio gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Roggio, Gustavo Pedace, admitió que la empresa está dispuesta a otorgar el aumento salarial del 28 por ciento que reclaman los gremios.

“Va a ser una buena propuesta”, consideró, para supeditar su presentación a que la Ciudad se sume a las negociaciones.

Para darle la mayor de las formalidades al planteo, Metrovías distribuyó un comunicado de prensa en el que recordó que el macrismo firmó un Acta Acuerdo y que el Congreso Nacional sancionó una ley para traspasar los subtes a la Ciudad. Por esto, remarcó, “es condición necesaria para que se haga efectiva la propuesta de la empresa que el Gobierno de la Ciudad integre la mesa de negociación”.

“Si cada uno de los actores intervinientes, los gremios, la empresa y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asumen su responsabilidad e intervienen en consecuencia, seguramente se podrá resolver el conflicto. Sería la mejor manera de hacer realidad el diálogo que todos reclaman.”

72 horas sin subtes

Con el fracaso de la negociación, los dos sindicatos del subte advirtieron que habrá un nuevo paro, pero esta vez de mayor extensión. En realidad, serán dos huelgas superpuestas. La Asociación Gremial del Subte y el Premetro comenzó a preparar una de 48 horas para los próximos martes y miércoles. A su vez, la cegetista Unión Tranviarios Automotor advirtió que también irá a un paro, el miércoles y jueves.

“Lo que estamos viendo es que el Grupo Roggio tenía fondos con qué dar el aumento, pero tuvimos que llegar a un paro de 36 horas para que hicieran la oferta. Ellos pasaron de decir que no iban a poder sostener el servicio, que no iba a poder pagar los salarios, a que tienen una propuesta salarial, después de cuatro meses”, señaló el titular de los metrodelegados, Roberto Pianelli. “A nosotros nos pone muy contentos que puedan hacer una oferta salarial para la paritaria. Pero si no es tomando estas medidas que perjudican a los usuarios y generan una repercusión gigantesca, no hay respuesta. Estos grupos no tienen ningún escrúpulo en no cumplir con sus obligaciones.”

Pianelli también volvió a criticar el rechazo de Mauricio Macri a hacerse cargo de los subtes. “Si no quiere o no puede, que entregue la Sbase”, señaló, aludiendo al manejo de los millonarios fondos de Subterráneos de Buenos Aires.

Por su parte, el vocero de la UTA, Mario Caligari, calificó de muy trabada la situación. “Nos convocaron para una reunión a la mañana, que depués el ministerio pasó para la tarde y finalmente no hubo ninguna novedad. La cosa está muy difícil”, definió.

El titular de la UTA, Roberto Fernández, confirmó que su sindicato paralizará el subte el miércoles y jueves próximo ante “el estancamiento de la paritaria y la ausencia de propuestas”. Fernández se quejó de la situación: “No es un problema de los trabajadores quién de forma definitiva administrará los servicios de subterráneos y el Premetro”, planteó. “No hay respuestas, no hay propuestas, no hay convocatoria. ¿Qué es lo que se aguarda que haga un sindicato?”

La red de los subterráneos porteños es utilizada diariamente por más de un millón de personas, que en los días de paro, como ayer, no tienen en su mayoría otras alternativas que la de usar los saturados servicios de colectivos o sacar el vehículo propio, congestionando más el ya difícil tránsito de la ciudad.

La medida de fuerza de ayer provocó las esperables largas colas en las paradas de colectivos y taponamientos en el centro durante las horas pico (ver aparte). Este paisaje de micros llenos y vehículos avanzando a paso de hombre se repetirá la semana que viene, aunque agravado por la mayor extensión de los paros anunciados, que esta vez, de no llegar el conflicto a una salida, dejarán a Buenos Aires sin subtes por 72 horas.

Tiempo Argentino

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quedó un paso más cerca de un juicio oral en el que podría ser condenado a penas de hasta diez años de cárcel. Aquella vieja historia de las escuchas telefónicas ilegales, supuestamente para neutralizar a rivales políticos y enemigos familiares, se le descerrajó sobre la cabeza en un momento político complicado. Macri denunció una “politización” de la causa y atribuyó una vez más al juez federal Norberto Oyarbide una intencionalidad política funcional al kirchnerismo.
Lo cierto es que ayer Oyarbide resolvió que la etapa instructoria, es decir la investigación inicial que enhebra el camino hacia el juicio oral, está completa. Macri está procesado como un engranaje central en una asociación ilícita enquistada en el gobierno porteño, una suerte de central clandestina de inteligencia. El 15 de julio de 2010, la Sala Primera de la Cámara Federal había confirmado el procesamiento dispuesto por Oyarbide. Macri anunció entonces que no apelaría la decisión pues quería llegar rápidamente al juicio oral y público, convencido de que allí demostraría su inocencia y, como consecuencia directa de ello, también la supuesta maniobra política que habría urdido el gobierno nacional para perjudicarlo políticamente.
Sin embargo, y pese a su anunciada decisión, apeló la confirmación del procesamiento y llevó el expediente a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Esa decisión de apelar fue la que, en los hechos, demoró el juicio. Pero hay cientos de fallos que sostienen que el imputado –en este caso Macri, pero también su ex ministro de Educación Mariano Narodowski, dos ex jueces misioneros (uno de los cuales ya murió), una secretaria y tres policías de esa provincia, además de los ex policías federales Ciro James y Jorge “Fino” Palacios– tienen derecho a saber si son culpables o inocentes en un “plazo razonable”. Cuando una causa se eterniza en el tiempo, a  menudo los tribunales penales las declaran prescriptas (aun cuando esté en discusión si transcurrió o no el plazo procesal para declararla prescripta) porque el paso del tiempo sin una certeza sobre la situación del imputado excedió ese “plazo razonable”. Se trata de un concepto que está a favor del acusado, y no en contra.
De cualquier manera, lo que resolvió en la víspera el juez Oyarbide está muy lejos del desembarco inmediato de la causa en el juicio oral. Si la expectativa es que Macri estará sentado en el banquillo de los acusados la semana que viene, el mes que viene o, incluso, el año que viene, habrá que desalentarla. Desde el punto de vista procesal, una vez que el juez clausura el sumario –eso hizo Oyarbide– se desatan una serie de pasos de los cuales el primero es “correrle vista” a las partes. En este caso, a los abogados de la querella, es decir los representantes del dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein y el cuñado del jefe de gobierno, Néstor Lorenzo. Y también los de los imputados, entre ellos los defensores de Macri, Santiago Feder y Ricardo Rosental. Es una oportunidad para que reiteren los planteos de nulidad de toda la causa. Fuentes judiciales aseguran que lo harán.
Para toda esa secuencia rige un plazo de cinco días hábiles; una vez agotados, el juez debe hacer lo propio con el fiscal federal Jorge Di Lello, para que decida si formula o no la acusación. Todo indica que habrá acusación, y entonces sí, Oyarbide estará en condiciones de elevar la causa a la etapa oral y pública.
Todo este procedimiento es pasible de apelaciones y nulidades que podrían estirar los plazos. De hecho, la Sala 3ª de la Casación aún no se pronunció sobre los planteos de Macri y otros procesados. Aun por vía de la hipótesis, si Casación considerara que Oyarbide o la Cámara cometieron errores o violaron las garantías constitucionales, todo el expediente podría desmoronarse como una escultura de hielo al rayo del sol.
Una vez que se sortean todos esos escollos, entonces sí la causa está en condiciones de pasar al tribunal oral, donde comienza lo que se denomina “instrucción suplementaria”. En una causa de más de 130 cuerpos, ese proceso insume muchos meses. De tal suerte, un cálculo optimista permitiría especular con que el juicio oral no tendría lugar sino hasta dentro de un año. Pero si la estimación observara parámetros más realistas y acordes con los tiempos de la justicia, el plazo sería mucho mayor.
En el expediente también están procesados el ex juez misionero José Luis Rey; la ex secretaria judicial Mónica González y los policías Raúl Rojas, Diego Guarda y Rubén Quintana. El ex magistrado Horacio Gallardo, quien también estaba procesado, no llegó a juicio: falleció en setiembre del año pasado. <

Página 12

Mostrarse canchero, negar todo y echarle la culpa al oficialismo. Mauricio Macri ya memorizó hace rato la respuesta a su procesamiento por las escuchas ilegales. Con el inicio del proceso que lo llevará al juicio oral, no fue distinto. “La gente ya sabe que las escuchas son un invento del Gobierno”, sacó pecho el jefe de Gobierno porteño, y blandió el 64 por ciento que sacó en su reelección como prueba. En el PRO hicieron puntería sobre el juez federal Norberto Oyarbide. Desde el kirchnerismo, le reclamaron a Macri que se pida una licencia. Otros partidos de la oposición, como el FAP, le exigieron al líder de PRO que no obstruya la investigación.

El equipo de comunicación de Macri podía decir ayer que se veía venir esto o algo parecido. Por algo habían incluido en las pautas que les envían a los legisladores y funcionarios una alusión a las “causas ridículas” y los “jueces amigos”. “No me sorprende. Lo anuncié la semana pasada”, fue la primera reacción de Macri, que ayer desplegó a su tropa por los barrios para tocar timbres, como si estuvieran en plena campaña. En una conferencia de prensa en Villa Crespo, el procesado jefe de Gobierno volvió a atacar al magistrado, a quien sindicó como parte de “los jueces que ellos pueden controlar. Oyarbide responde absolutamente al kirchnerismo, por eso cerró en tiempo record la causa por enriquecimiento ilícito”. “Lamento que la Presidenta piense que esta es la forma para manejarse con los que pensamos distinto”, sostuvo sobre su situación procesal y aseguró muy suelto de cuerpo que “las escuchas son un invento”.

El líder de PRO descartó así cualquier evidencia en su contra y presentó en contraposición otro razonamiento: “Si saqué más votos que la anterior vez es que la gente no les creyó”. Se trata de una hipótesis no muy lejana a la que en su momento había sostenido Jaime Durán Barba: “A la gente le importa un carajo el tema de las escuchas”.

“Oyarbide no es un juez independiente y lo que hizo fue otra maniobra más de los K para obstruir la gestión”, repitió la vicejefa María Eugenia Vidal. El jefe del bloque PRO en Diputados, Federico Pinedo, fue algo más apocalíptico que integrado: “Empezó el final de la embestida K para matar al PRO, al diferente. Pelearemos esa batalla con orgullo”, anunció. “Denunciamos que la Justicia está sospechada en Argentina y esta es una muestra más de ello: buscan someter a la oposición”, se sumó Paula Bertol.

“¿Habrá recibido instrucciones el juez del anillo este fin de semana? ¡Qué casualidad! Justo ahora que Mauricio es ‘la’ alternativa para 2015”, opinó la diputada republicana Laura Alonso. “¡El trucho de Oyarbide es un empleado K, corre vista a las querellas pidiendo opinión! ¡Es una vergüenza!”, se quejó el legislador macrista Daniel Presti.

En su momento, Macri instruyó a los legisladores PRO para que le iniciaran juicio político, dado que contaba con los números para una rápida absolución. La oposición porteña revirtió esa maniobra y condujo una comisión investigadora que comprobó que mucho de lo afirmado por la gestión PRO era falso: dijeron que Ciro James no era empleado y lo era. Afirmaron que no pisó el Ministerio de Seguridad y en la comisión se lo vio en video a metros de la oficina de Guillermo Montenegro. Finalmente, hubo varios pedidos de juicio político que nunca prosperaron. Y los macristas concluyeron sobre su líder que “se probó su inocencia”.

Leña al fuego

Como cada vez que hubo novedades en la causa judicial, Macri recibió críticas al por mayor de la oposición porteña. El kirchnerismo, además, le reclamó que se tome una licencia. El tema estuvo presente en todas las redes sociales y en Twitter, en particular, se instaló el tema del momento #MacriaJuicioOral, entre otros alusivos.

“La misma exigencia de no obstaculizar el accionar judicial que desde la oposición le hacemos a Boudou le cabe a Macri respecto de la investigación sobre la red de espionaje que funcionó a la sombra de su gestión”, opinó el diputado socialista Roy Cortina. “Las acusaciones del jefe de Gobierno dirigidas a desprestigiar al Poder Judicial le hacen tanto daño a las instituciones como la presión que ejerce el gobierno nacional sobre los magistrados”, estimó el dirigente del Frente Amplio y Progresista (FAP).

El senador kirchnerista Daniel Filmus volvió sobre la frase de Macri de que no lo sorprende la decisión de clausurar la etapa de instrucción. “A nosotros tampoco nos sorprende el juicio oral a Macri porque las pruebas son contundentes”, retrucó Filmus, quien se preguntó: “¿Tendrá Macri una actitud ética frente a los ciudadanos de la CABA y pedirá licencia como jefe de Gobierno mientras se sustancie el juicio?”. Filmus remarcó que el procesamiento de Macri no fue una decisión sólo de Oyarbide, sino que fue confirmado por tres jueces de la Cámara Federal.

También están procesados su ex ministro de Educación Mariano Narodowski y su ex jefe de policía Jorge “el Fino” Palacios. “Fue Macri quien colocó al frente de la Policía Metropolitana a Palacios, aun sabiendo que estaba imputado por encubrimiento en la causa de la AMIA. También fue su gobierno quien contrató a Ciro James en el Ministerio de Educación y mandó a escuchar a Sergio Burstein y a su cuñado, Néstor Leonardo. Las escuchas ilegales estaban demostradas”, sostuvo el senador.

“Cuando un docente o un trabajador estatal de la Ciudad queda procesado, se le inicia un sumario administrativo y se lo aparta del cargo mientras dura el litigio judicial”, comparó el legislador porteño Francisco “Tito” Nenna. “Macri debería tomar licencia para trabajar en su defensa porque está más cerca de un eventual juicio oral”, afirmó.

“Sería muy saludable que Macri pida licencia”, se sumó Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, quien recordó que el líder de PRO “hace un año presentaba medidas dilatorias para salvarse del juicio oral”. “No tengo muy claro hasta dónde van a seguir con esta estrategia de victimización”, indicó la legisladora. En tanto, el legislador Aníbal Ibarra planteó: “Macri dice que todos están en su contra: que lo persigue el juez, la Cámara del Crimen, Casación y CFK. ¿No será que el problema es de él?”.

Los barrios más humildes y postergados de la Ciudad de Buenos Aires se unieron para exigir al gobierno de Mauricio Macri que cumpla con las demandas históricas que sus habitantes vienen sosteniendo por años y que administraciones anteriores, y fundamentalmente la actual, no atendieron. Se trata de una acción judicial colectiva que se presentará pasado mañana en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, con el patrocinio de la Defensoría Oficial, y será acompañada con una movilización de cerca de 20 organizaciones sociales y políticas.
“Los barrios pobres y las villas de la ciudad están siendo segregados, marginados y expulsados dentro del propio territorio de Buenos Aires. En vez de integrarlos, urbanizando adecuadamente, el gobierno de la Ciudad ha obrado, generando muros que dividen a los pobres, del resto. Con la misma lógica de los guetos, directa o indirectamente se fomenta la concentración de los grupos pobres en barrios específicos, generalmente del sur de la ciudad y se los aísla del resto de la urbe, obligándolos a vivir en las peores condiciones de aislamiento y desatención”, dijo ayer el defensor adjunto de la Ciudad, Roberto Gallardo, en la conferencia de prensa en la que se anunció la medida, en el Hotel –recuperado por sus trabajadores– Bauen. Entre los reclamos presentados, se ubica como prioritario que la ciudad integre los barrios humildes con el resto de la ciudad mediante el trazado de calles, que instale sistemas de iluminación y que procure la modificación de rutas de transportes públicos para que lleguen a esos sectores (ver aparte).
“Mientras la Ciudad expulsa por la inexistencia de políticas de vivienda social a centenares de familias a la calle (ver como ejemplo el desalojo de la semana pasada de Brasil y Entre Rios), luego las obliga a vivir en barrios formales o informales, pero pobres y aislados, en donde la inversión social es ínfima y las condiciones de existencia indignas. Más de medio millón de personas atraviesa esta situación en la ciudad de Buenos Aires”, agrega el texto leído ayer.
Las expectativas de la Defensoría son positivas con respecto a la resolución judicial, que podría demorar no más de una semana desde la presentación. El defensor adjunto indicó a este diario, además, que una vez dictada la sentencia, quedan dos posibilidades. “Una, que el gobierno acepte este reclamo y dé una respuesta razonable y consensuada. La otra que se cierre y diga que no puede, por el motivo que fuera, en cuyo caso está planteado un escenario de confrontación, y el tema tendrá su corolario en ese escenario. Sería lamentable que eso ocurra”, señaló.
Gallardo explicó que los puntos incluidos en la presentación “sintetizan los llamados reclamos históricos, que vienen no de esta última gestión, sino de anteriores, donde los vecinos, de distintas formas, a través de reclamos al Ejecutivo, de presentaciones en la Defensoría, y de presentaciones aisladas han reclamado en distintos expedientes este tipo de cuestiones, que se van agravando y, peor que eso, normalizando. Pareciera que el hecho de que un colectivo no ingrese en una zona determinada de la ciudad es algo normal. O que lo es que no haya calles que atraviesen ciertos barrios, o que de repente una calle se interrumpe por una muralla de basura, como significado de que se entra a la villa”. Dijo el defensor adjunto. En ese sentido agregó que “la percepción en los barrios es de hartazgo, están hartos de que se diga que se va a hacer y no se haga”.
En la conferencia de ayer, la Defensoría hizo un llamado “a toda la sociedad” para que “se solidarice con este reclamo”. <