El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien recientemente anuncio su candidatura para la reelección, enfrenta tres causas judiciales por su gestión actual. La Constitución Porteña establece la inhabilitación para ser designado en una función pública a quien este procesado por un delito en perjuicio de la administración pública. El PRO ha hecho bandera de la “nueva política” y la transparencia mientras, en los hechos, ha establecido un doble estándar donde la ley se aplica con rigurosidad y mano dura para los vecinos, mientras no alcanza a los círculos de poder, de funcionarios y empresarios amigos.
¿Está Macri habilitado legalmente para volver a ser candidato a Jefe de Gobierno?
El artículo 57º de la Constitución porteña establece el impedimento a la designación de funcionarios públicos procesados por delito doloso en perjuicio de la administración pública, incluso sin especificar siquiera la necesidad de que dicho procesamiento sea firme. Citemos:
ARTICULO 57.- Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública.
El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración, será separado sin mas trámite.
Repasemos la situación judicial del Jefe de Gobierno. El caso más estridente al respecto fue el escándalo por las escuchas ilegales. En marzo de este año la Cámara en lo Criminal Federal rechazó un planteo de nulidad del Jefe de Gobierno porteño en la causa en la que está procesado por supuestas escuchas telefónicas ilegales. El Jefe de Gobierno está imputado por los delitos de violación de secreto, abuso autoridad y como “miembro” de una asociación ilícita destinada realizar escuchas telefónicas. Macri cuenta con un procesamiento confirmado por la Sala I de la Cámara Federal.
Sin embargo, la de las escuchas no es la única causa judicial que enfrenta el Ingeniero. Otro episodio es el de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Se trata del organismo integrado por una treintena de empleados públicos que se encargaban de perseguir, hostigar y golpear a personas en situación de calle. La causa de la ex UCEP se originó en 2008 tras una denuncia de la legisladora porteña Liliana Beatriz Parada, y el juez Cubas investiga los presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Una tercera causa judicial es la referida a la licitación del mobiliario urbano. La licitación en cuestión lleva cerca de nueve años de demora. Consiste en la instalación en toda la ciudad de paradas de colectivos, refugios, señales indicadoras de calles y avenidas y la explotación de la publicidad en las pantallas ubicadas en la vía pública. Es decir, constituye un cuantioso negocio. Al respecto, se investiga por “administración fraudulenta” a funcionarios de la gestión PRO –incluido Macri– por haber “direccionado” la licitación del mobiliario urbano “para beneficiar” a una empresa.
La adjudicación a esa empresa fue cuestionada en la Justicia por las competidoras que quedaron afuera de la licitación. El juez Facundo Cubas procesó a los dos hermanos Terranova y al ex integrante de la comisión que evaluó a los candidatos, el hoy legislador Patricio Di Stéfano, por abuso de autoridad, y a principios del 2010 sobreseyó al jefe de Gobierno, el Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al entonces procurador Pablo Tonelli. Macri y sus ministros estaban acusados de firmar el decreto que adjudicó la licitación a la empresa cuestionada. Esa decisión fue apelada y la Sala VI de la Cámara del Crimen anuló los sobreseimientos, por lo cual los cuatro pasaron a revistar como imputados.
Volviendo al artículo de la Carta Magna local que inhabilitaría a Mauricio Macri para ser candidato. Durante el debate de la Convención Constituyente[1], la inclusión del artículo 57º generó discusión respecto a la posible violación del principio de presunción de inocencia al impedir que un funcionario sea designado sin haber sido condenado. Respecto a esto, decía el Convencional Zaffaroni: “vamos a generar una inhabilitación al margen del Código Penal, incluso no para penados sino para procesados, es decir, por las dudas, cuando todavía está vigente el principio de inocencia” (VT 16, pág. 1790). La respuesta del Convencional Garré, a esta preocupación, fue que “cuando hablamos de casos de procesamiento –según dice el proyecto de texto– nos referimos a los funcionarios que van a asumir un cargo. Con respecto a los que están en ejercicio, no estamos pidiendo su separación del cargo aunque tengan un auto de procesamiento, en función de la presunción de inocencia. Para este caso jugará la conciencia del funcionario y la opinión del público en el caso concreto”.
Pese a que este dato pasó desapercibido para la opinión pública y los medios de comunicación frente al reciente anuncio de una nueva candidatura de Mauricio Macri, lo curioso del asunto es que la Constitución de la Ciudad no admite mucho lugar a ambigüedades. Habida cuenta de que tiene un procesamiento firme por violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita por el caso de las escuchas ilegales y está imputado también por las causas de la UCEP y del mobiliario urbano, Mauricio Macri debiera estar inhabilitado para volver a ser candidato en la Ciudad.
Reparemos un momento en la siguiente situación. La ley 471 de 2000, modificada en su artículo 7 por la 3386 del 4 de febrero de 2010, ni siquiera le permitiría a Mauricio Macri sumarse a la administración pública como empleado. Cualquier aspirante a un puesto en su situación quedaría descartado al tramitar el certificado de antecedentes penales que se requiere. Es decir, aun descartando la inhabilitación como candidato, las condiciones legales para la contratación de empleados de la Ciudad, avaladas por el macrismo mismo, conllevarían el absurdo de que el Jefe de Gobierno no podría contratarse como empleado municipal. Con estos ejemplos resulta evidente la típica situación asimétrica que impulsa cotidianamente el macrismo, donde las leyes de la Ciudad son un garabato para los funcionarios o empresarios amigos y se aplican con el mayor rigor a cualquier hijo de vecino.
[1] Agradecemos por las siguientes referencias a la Convención Constituyente al blog de Fernando Renzi “Sardinas en el desierto” de donde tomamos la información aquí expuesta.
Águilas Humanas
Andrés Calamaro
Aqcuaforte – Fede Vázquez
Miguel Rep
Sardinas en el desierto
Haremos replicar este dato, muy importante. Un abrazo
muy bueno la informacion que estas dando. Como decis es raro que lo medios no lo hallan notado antes .. ahhh lo estoy viendo en cn23.. parece que ahora lo estan lemantando.. te felicito porque esta bien explicado..saludos desde rio gallegos !!
y que se puede hacer al respecto? no se puede presentar? puede cambiar las leyes? puede evitarlas?
no entiendo como funciona el mundo. si no se puede presentar, por que se presenta?
Dejemonos de joder Gabi con estas tonterías. Le regalamos el cartel de proscripto, lo ponemos en el lugar de víctima. ¿No aprendemos más?
Basta de ser nuestros propios opositores.
Te dejo un post que esc ribí al respecto: http://losrepublicos.blogspot.com/2011/05/inkorregibles-vuelve-la-gran-vargas.html
Hola Javier, entiendo tu punto pero la Constitución es nuestra Ley de Leyes y a ellas debemos remitirnos. Nuestra mejor estrategia es ser coherentes. Gracias por escribirnos, un gran abrazo!
de que cartel de proscrito hablas viejo? solamente por las víctimas de los delitos por los que se lo investiga, por respeto a esas victimas nada mas sin incluir a todos los que lo repudiamos habría que inhabilitarlo y esas son las reglas de juego del sistema, sino permitamos que algun partido con camisas negras y consignas xenofobas se presente gane el 20% y haga un golpe y se quede con el poder.
Está Muricio Macri habilitado pàra candidatearse en la ciudad???
Buenísimo su articulo Gabriela, me parece que como acción política sería bueno difundir algún modelo simple para peticionar ante la justicia de CABA como ciudadanos para que se inhabilite a Macri con fundamento en los preceptos constitucionales, me parece que si se puede difundir el escrito y se logra masa critica de peticionantes (es el momento políticamente hablando) por lo menos se puede ampliar la visibilidad del tema, formar conciencia y expresar un descontento fuerte frente al atropello de que un procesado por delitos graves pretenda postularse para el ocupar el máximo cargo de la ciudad.
saludos cordiales y un cruce de dedos para que le ganemos a estos nefastos payasos amarillos.
Eticamente Macri no debería continuar. Jurídicamente está habilitado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió en un caso todavía más grave (los candidatos tenían prisión preventiva: Romero Feris y Ortega) que excluirlos del proceso electoral violaba la presunción de inoncencia, el art. 23 CADH y resultaba un virtual anticipo de pena. El TSJ decidió un caso similar en 2007. En síntesis, Macri puede participar, pero si gana tal vez deba irse antes de cumplir su mandato si es condenado ya que la Constitución Local para este caso excluye el juicio político (dice “sin más trámite).
el pueblo tiene en sus manos (con el voto ) el poder para terminar con estos 4 años de fracasos ,macri se sabe lo que representa ,es el tipico oligarca antipopular ,pero el pueblo decide .
Está más que claro que Macri NO debería postularse debido a las condiciones ilegales en que se encuentra. Si Macri no está habilitado legalmente por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para postularse a elecciones a fin de obtener un nuevo mandato en Cap. Fed., las preguntas del millón son, entonces, las siguientes:
1) ¿Cómo es posible que se postule igualmente y la Justicia no se pronuncie al respecto?
2) ¿Por qué nadie hace nada al respecto y todo sigue igual como si Macri estuviera habilitado?
3) ¿Qué pasaría si todo sigue como si nada, llegan las elecciones, y -suponiendo que Macri gane-, pretende en esas condiciones ilegales asumir el nuevo mandato?
Lo complejo es que las elecciones se ganan en las urnas, no en tribunales. Cuando ellos llevan la política a tribunales nos quejamos. Reconozcamos que a un 48% de la población lo tiene sin cuidado.
yo no se si estara avilitado o no, pero lo ke si se es ke este tipo tiene una obcesion con los k menos tienen,, da la sensicion de k cada ves k nuestra presidenra ase algo a favor de los mas vulnerables los k menos tienen, este tipo ase todo lo k contrarrestre ese veneficio, para k nada les llegue,
Yo pienso que está habilitado.
Si, para mi que si.